Aunque los economistas paraguayos no lo mencionan mucho, la mayoría de ellos está formado en las ideas del economista inglés John Maynard Keynes (1883-1946), quien tuvo un papel importante en la década del 30, tras el derrumbe de la Bolsa de Nueva York en 1929, que generó un caos en la economía mundial.
Una gran mayoría de los economistas acogió con entusiasmo las ideas de Keynes, como si no hubiera antes una rica tradición de economistas que se remonta a la escuela española de Salamanca del siglo XVI, los austríaco Eugene Bohm-Bawerk y Carl Menger, además del francés Frederic Bastiat y el escocés Adam Smith, en los siglos XVIII y XIX.
Si hay algo que define al keynesianismo es su postulado de que el Estado es el principal agente económico, y todo el resto está subordinado a él. Keynes atribuía el derrumbe bursátil a la especulación enloquecida de los inversores y, por ello, era el Estado el que debería regular los mercados por medio de la política económica para salir de la crisis.
Esa política pasaba necesariamente por aumentar el gasto público y así estimular la demanda agregada para incrementar la producción, la inversión y el empleo. Sus críticos insisten hoy en que el estímulo tiene que dirigirse a la inversión, ya que por medio de ella se aumenta la producción de bienes y servicios, y su abundancia permite mantener bajo el nivel de precios.
Según los keynesianos – locales y extranjero - para fortalecer el poder del Estado es necesario aumentar la recaudación subiendo impuestos, a veces hasta límites irreales.
Un ejemplo cercano del desastre al que puede llevar la presión impositiva es Argentina. El anterior presidente Mauricio Macri no se atrevió a reformar el brutal peso del aparato estatal, y en muchos casos dejó incólume las políticas de sus antecesores kirchneristas, como la del endeudamiento externo. Tampoco dejó de lado la entrega de subsidios – llamados “planes sociales” – a millones de familias argentinas. Estos desatinos son los que le llevaron a caer derrotado en las elecciones del 2019, y a la vuelta del kirchnerismo al poder.
Otra característica de la economía keynesiana es el énfasis en el gasto público, dirigido principalmente a obras de infraestructura, que en sí mismas no son malas, pero que conllevan corrupción por cosas tales como la adjudicación amañada, que favorece a los adjudicados y con un jugoso porcentaje para los funcionarios encargados de la licitación, aspectos que son rutinarios en el Paraguay.
En la vereda opuesta al keynesianismo están otras ideas económicas de distintas corrientes, más cercanas al liberalismo clásico que al estatismo cuasi-socialista. Los autores citados en el segundo párrafo de esta nota son precursores de esas ideas, pero en el siglo XX surgieron con fuerza economistas como Ludwig Von Mises y Frederick Hayek de la llamada Escuela Austríaca. También influyó el norteamericano Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, quien influyó en Chile para reformar su economía después del gobierno socialista de Salvador Allende. A los economistas chilenos que siguieron las ideas de Friedman se los denominaba “Chicago boys”, e indirectamente, a economistas paraguayos formados en ese país, y a quienes se designa como “Santiago boys”.
Aunque es considerado un economista liberal, Friedman coincide en algunos aspectos con la visión de los keynesianos, en especial en el papel regulador de la economía por parte del Estado. En contrapartida, los “austríacos” señalan que la debilidad del Estado radica en que la información necesaria para regular no está disponible para los burócratas, sino que está distribuida en los individuos que día a día actúan conforme a sus preferencias y a los recursos con que cuentan.
De ahí que los austríacos pongan énfasis en la microeconomía, la que analiza el comportamiento de los individuos y de los empresarios, que son actores de carne y hueso.
Otro punto relevante es que la economía privada se rige por los incentivos: un individuo o una empresa saben que malas decisiones llevan a pérdidas que deben ser evitadas. En contrapartida, malas decisiones en el sector público que llevan a despilfarro o a pérdidas, rara vez afectan a quienes las han tomado, pero sí afectan a los ciudadanos que, aun sin saberlo, irán a solventarla con sus impuestos o a sufrirlas con los malos servicios en las prestaciones del sector público.
Un ejemplo actual es la ineficiencia del gobierno en la compra de materiales sanitarios para la pandemia, que obligó a cancelar las compras, y solo algunas personas fueron imputadas. Ninguna de las autoridades del Ministerio de Salud quedó comprometida, pese a su responsabilidad en el control de los productos adquiridos. Tras anular las compras, no se volvió a licitarlas, y el equipamiento de hospitales se redujo a algunas donaciones extranjeras y de donantes privados que, en conjunto, son insuficientes para satisfacer los eventuales picos de demanda en varias regiones del país.
Para los economistas paraguayos influidos por el keynesianismo, la solución a la ineficiencia estatal es el aumento de los impuestos. Cuando en la década del 2000 se estableció la estructura impositiva por medio de una reforma fiscal, el consenso fue de bajos impuestos y poco numerosos. Ahora, sin embargo, aquellos machacan con el incremento de tipos impositivos, alegando la necesidad de fortalecer el Estado de modo a hacer frente a emergencias como la del COVD-19. Los socialistas del Frente Guasú reclaman también la creación de impuestos a las grandes fortunas, a pesar de que, comprobadamente, eso sustrae recursos a la inversión privada y a la creación de empleo, redundando sólo en un aumento del derroche estatal.
Esos mismos economistas, empero, no objetan el tamaño de la burocracia estatal, que contribuye a su portentosa ineficiencia. La prensa señala con frecuencia el exceso de funcionarios en dependencias públicas que requerirían no más de un tercio de los que figuran en planillas. Ello es consecuencia de la no aplicación sistemática de concursos de méritos para el ingreso a la función pública, y de la vigencia de la contratación “por ser amigo” de un funcionario de alto o medio nivel.
A título de ejemplo, en 2017 se informaba que la Junta Municipal de Asunción tenía 1600 funcionarios, dos tercios más de lo necesario para su buen funcionamiento. En esta y en otras oficinas públicas, es normal que quienes no tienen función específica, acudan a marcar tarjeta de entrada, y luego se retiren para volver a marcar la hora de salida. Esto si es que simplemente no acuden y acuerdan con otros compañeros que marcan sus tarjetas. Solo se presentan puntualmente en las fechas de pago.
Cae de su peso que el aumento de impuestos que reclaman los keynesianos es lo que se destina al personal superavitario, del cual bien podría prescindirse. Pero ningún Intendente ha hecho el menor esfuerzo por desprenderse de los recursos humanos no necesarios.
Un caso emblemático fue la intención de la Intendencia de entregar a una empresa privada los cobros del Impuesto Inmobiliario, durante la gestión de Mario Ferreiro. Numerosos contribuyentes asuncenos cuestionaron esa intención, objetando que los privados obtuvieran un porcentaje de lo cobrado. Era casi un sacrilegio y un robo a los contribuyentes. El asunto quedó en aguas de borraja con la renuncia de Ferreiro, pero lo que es evidente es que los reclamantes no sopesaron los costos y beneficios de la medida.
Ni la Municipalidad de Asunción, ni los otros municipios del interior tienen la capacidad de recaudar eficientemente el impuesto inmobiliario. La concesión a una empresa privada – siempre que se realice de modo transparente – tiene una mucho mayor posibilidad de recaudar, precisamente por el aliciente o incentivo que tienen los privados: cuanto más cobren, mejores utilidades tendrán. Supongamos que su comisión sea del 20% y que para el municipio quede el restante 80%. Este restante será muy superior a lo que penosamente recauda hoy la Municipalidad, de modo tal que el saldo positivo sería también beneficioso para los ciudadanos.
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Lo que queda de relieve en este escenario es que, ni los profesionales economistas, ni los ciudadanos creen en una economía de mercado, tal vez porque nunca la tuvimos en Paraguay. Siempre tuvimos un estado intervencionista y omnipresente desde el siglo XIX, que se volvió más opresivo durante la dictadura de Stroessner. Pero en los gobiernos democráticos, si bien mejoraron las libertades políticas, ninguno de ellos impulsó mayor libertad económica ni una reforma seria del aparato estatal.
La crisis ocasionada por la pandemia, por el contrario, generó una tenaza más fuerte contra las fuerzas productivas y las libertades ciudadanas, imponiendo restricciones drásticas a la libertad de circulación, de socialización e incluso de trabajo.
Los medios gustan hablar de una “nueva normalidad”, un modo COVID-19 de vivir, o - sería mejor decir - de sobrevivir, en un estado de pánico colectivo y de intimidación recíproca con quienes nos rodean.
Ya que esta columna empezó con un enfoque económico, es oportuno retornar a él. Cuando algunos advirtieron que la cuarentena iría a afectar la economía, aparecieron voces disonantes cuestionando que se priorice a ésta y no a la salud. La advertencia cuestionada apuntaba a que la salud y la economía están fuertemente relacionadas, pues una epidemia extendida afecta los ingresos familiares, y una economía en crisis impide responder adecuadamente a los problemas sanitarios de la población.
No casualmente, el pretexto de la pandemia favorece el intervencionismo casi mesiánico del Estado y el autoritarismo que nunca despareció del todo tras el fin de la dictadura. Son pocos, pero valiosos, los economistas paraguayos que sustentan la tesis de reformas económicas liberalizadoras, y que deberán remontar la pesada herencia histórica del estatismo de Lord Keynes.
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